viernes, 13 de diciembre de 2013

On air: Seguratas o policías

Es curioso, después de escribir esta columna, estuve hablando con un alumno mío que es Policía Judicial y que me parece un hombre absolutamente sensato y cabal sobre estos temas, entre otras cosas. Es cierto que las generalizaciones no son buenas, pero las normas deben prevenir que aquellos que tienen el monopolio en el uso legítimo de la violencia se extralimiten y dar ese poder a los guardas de seguridad no contribuye precisamente a eso. Prefiero, sin duda, depender de funcionarios que se esfuerzan por terminar una titulación universitaria y mejorar su formación, aún con los reparos que pueda tener en algunos casos, que de trabajadores explotados, mal pagados y peor formados.

Debo reconocer que no me siento cómodo cuando se me acerca un policía. No creo que sea por aquello que nos decían cuando niños y nos portábamos mal en la calle de que iba a venir el guardia. Tampoco es que yo sea una persona especialmente conflictiva en mi día a día. Alguna multa de tráfico y poco más. Creo se debe a ciertas experiencias profesionales posteriores en las que he visto un ejercicio abusivo de su cargo y cierta sensación de impunidad. 
La sensación de impunidad es una de las cosas que más daño hacen a la sociedad. En los policías que abusan, en los políticos que incumplen la ley de incompatibilidades o en los corruptos que se llenan los bolsillos y después salen corriendo a pedir el indulto. Con este punto de partida, quizá deba matizar que conozco también a muchos agentes policiales eficaces, competentes y serviciales. Sin embargo, no entiendo como esos agentes honrados y cumplidores de la ley son después tan endogámicos para proteger a los que se escudan en la placa y el uniforme en la comisión de sus abusos. 
Mi incomodidad varía según el agente que se dirija a mí. Prefiero a los Guardia Civiles, tan denostados ellos, pero que en mi experiencia práctica no se ensucian las manos con minucias. Cumplen la ley y la hacen cumplir. Y si fuera catalán temería como nada a los Mossos de Esquadra, la policía autonómica que acumula tras de sí un auténtico reguero de víctimas, investigaciones y condenas. 
Con todo, lo que tengo claro es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de tener el monopolio del legítimo ejercicio de la violencia y cualquier cosa que vaya privatización del mismo es un paso atrás de proporciones desmesuradas. La Ley de Seguridad Privada con las nuevas atribuciones a los guardas de seguridad me aterra. Como con los policías, conozco de todo entre del gremio, pero si funcionarios públicos que desarrollan un proceso de formación continua, seleccionados con exhaustivos sistemas y que reciben un sueldo acorde pueden llegar a extralimitarse, no quiero ni imaginarme lo que podrá suceder con trabajadores peor pagados, sometidos a procesos de selección menos rigurosos y cuyos empleadores no asumen tantos esfuerzos formativos. 
Después del desmantelamiento del Estado del Bienestar parece que nos toca asistir a la demolición del Estado de Derecho. Tras las tasas judiciales viene la Ley de Seguridad Privada y en camino la Ley Mordaza de Seguridad Ciudadana. El gobierno quiere garantizarse impunidad y eso es lo más peligroso que hay para una sociedad.

jueves, 5 de diciembre de 2013

On air: Sólo cuatro días

Mañana es el Día de la Constitución y el próximo martes el Día de los Derechos Humanos. Sólo cuatro días entre dos celebraciones que deberían tener un marcado tinte reivindicador porque en ambos casos se conmemoran textos de gran exigencia para los poderosos y protección para los ciudadanos. Sin embargo, a la Constitución le han quitado cualquier valor en ese sentido, manipulándola de forma vil hasta ponerla al servicio de una pare de su contenido y no de su completo tenor.

Hoy les voy a leer unos fragmentos de un texto revolucionario y subversivo. Fue escrito hace casi 35 años pero su lectura ahora resulta de lo más pertinente. Por ejemplo, esa parte en la que dice que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. O al afirmar que los valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Y, por supuesto, con aquello de que “Todos los españoles tienen derecho al trabajo, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”. Sí, es la Constitución Española de 1978 el texto que les estoy leyendo. No quiero cansarles con la lectura pero creo que, de vez en cuando, es interesante recordarla. 
Debería hacerlo Rajoy cuando dice que las manifestaciones tienen que someterse a autorización previa, en contra del artículo 21 que dice, precisamente, lo contrario. O el Ministerio de Trabajo que se ha saltado aquello de “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios” con la nueva regulación de la negociación colectiva. O la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz con su peculiar comprensión del “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.” O Hacienda que no recuerda aquello de que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”. 
Una de las definiciones que más hilaridad me produce es la de partidos constitucionalistas al PP y al PSOE en el marco de las cuestiones nacionalistas vascas y catalanas. A veces, parece que lo único que reconoce la Constitución Española es la indisoluble unidad de la Nación española patria común de los españoles, que también. Pero el mismo furor que ponen algunos en la defensa de esa parte de la Constitución o de aquella otra nueva en la que se establece el principio de estabilidad presupuestaria deberían ponerlo en la parte que establece la función social como límite a la propiedad privada, la distribución de la renta personal más equitativa o la igualdad real y efectiva.  
Mañana, 6 de diciembre es el Día de la Constitución. Cuatro días después, el 10 de diciembre, será el día de los Derechos Humanos. La Constitución y los Derechos Humanos están muy próximos. De hecho, sólo un puente los separa. Aunque, por desgracia, también es un puente por el que apenas se circula, y es que los políticos, los banqueros y los demás poderosos han prendido fuego al carril reversible.

On air: Los puentes de Cánovas

Dos puentes fueron noticia la semana pasada. Uno, el de La Pepa porque sigue acumulando retrasos. El otro, el de Carranza, por su tardía reparación. En ambos, la gestión que se hizo desde los dirigentes del Partido Popular no fue todo lo eficaz que debiera.

Aunque será la semana que viene cuando los más privilegiados disfrutemos de una de esas concatenaciones de días festivos a la que llaman puentes y que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende eliminar, el Partido Popular ha anticipado sus problemas con los puentes una semana. 
La ministra Pastor vino a visitarnos para reiterar el compromiso del Gobierno por la Plataforma Logística, nuevo juguete de infografías y maquetas del teofilismo. Como dice aquel, mucho rollo pero poca manteca al bollo. El compromiso no pasa de las palabras a los billetes y mientras Cádiz se cae de las infraestructuras portuarias europeas preferentes. 
En su visita a Pastor la engancharon con una pregunta sobre el segundo puente, ese que se acabaría si no hacía viento a finales de este año. Pero viendo el estado de las obras pareciera que hemos tenido un año lleno de huracanes. Es evidente que no cumplirá su palabra pero esta vez, el Partido Popular de Cádiz no ha puesto el grito en el cielo ni ha comenzado campañas de recogida de firmas pagadas con nuestros impuestos. Ahora agacha la testuz y culpa a Dragados y hasta a Zapatero, en un nuevo ridículo del Gobernador Civil de Cádiz. 
Aunque puestos a hablar de Javi Torre, peor ha sido su gestión del cierre del carril reversible. Diez días ha tardado en reabrirlo. Las sospechas de que utiliza las retenciones de tráfico en los accesos a Cádiz para enfrentar a conductores y trabajadores de Navantia se extienden, más aún cuando en las aglomeraciones diarias no se observa ni un solo agente de tráfico. Al principio los conductores miraban a Navantia, cuando se supera la semana empiezan a mirar a la calle Barcelona. Curiosamente, el carril abrió pocas horas después de que el Comité de Empresa diera pábulo a esos rumores. Y es que la relación del PP gaditano con los trabajadores de Navantia va del mal en peor. Ni una voz discordante que recuerde lo obvio: que el sector naval es uno de los pocos motores industriales de nuestra Bahía. Ni una crítica a Gas Natural por sus palabras sobre nuestros astilleros. Si la situación les delata, más aún cuando se les compara con sus compañeros gallegos, ahora mismo manifestándose en Madrid por Navantia. En Cádiz, mientras, se cita a trabajadores a declarar en el Juzgado. Diferentes grados de compromiso con el empleo naval de su zona. 
El Partido Popular de Cádiz ha demostrado que no es un puente hacia el progreso de nuestra Bahía sino que, en todo caso, es una vía muerta a través de la que transitan tranquilos sus mandamases madrileños. Puestos a escoger entre los ciudadanos y los ministros, el PP se ha colocado en aquel lado del puente, lejos de Cádiz.