Cuando leí la referencia de las medidas que la consejera Cortés anunciaba para el nuevo Decreto sobre la función social de la vivienda me pareció fantástico. Son las decisiones que se esperan de un gobierno que se declara de izquierdas. Lo que pasa es que después recordé tantos y tantos desastres de gestión que acumula la Junta de Andalucía y se me pasó la inflamación de alegría. Una cosa es aprobar normas y otra aplicarla. Y si no que se lo pregunten al drago del callejón del Tinte. Una cosa es que lo conviertan en Bien de Interés Cultural y otra que muevan un dedo por evitar que se caiga.
Recuerdo que el 26 de marzo del año pasado me alegré. Me alegré de que la ola ultraliberal no inundara las calles de mi Andalucía. Me alegré de que mi tierra hubiera apostado por un giro hacia el lugar al que parecía que nadie giraba, hacia la izquierda. Esperaba que un gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida planteara una realidad alternativa, otra forma de hacer las cosas. Lo esperaba para días como hoy en el que el BOJA publica el Decreto sobre la función social de la vivienda cuyo contenido, a estas alturas, es de sobra conocido. Paralización de desahucios en casos de riesgo de exclusión y sanciones a los bancos e inmobiliarias que no pongan en el mercado las viviendas de su stock.
Este tipo de medidas son las que se esperan cuando una formación que se denomina de izquierdas entra en un gobierno. Medidas reales para proteger a los más débiles y poner límites al capitalismo desaforado, al menos, en relación con los bienes de primera necesidad, como la vivienda. Cuando se cabalga en esa dirección es lógico que ladren. Se oyen las voces de quienes utilizan la Constitución para lo que les conviene, los de la lectura sesgada. Esos que nunca se han fijado en el artículo 33 que establece que la función social de la propiedad delimitará su contenido. O que el artículo 47 que consagra el derecho a una vivienda digna.
Pero no nos llevemos a engaño. Estas medidas tienen un recorrido limitado. Y no lo digo sólo por el hipotético recurso que puede presentar el Gobierno del Estado. Lo digo porque su aplicación depende de la Administración autonómica andaluza que es especialmente caótica e ineficaz.
Las muestras en Cádiz son múltiples. El museo del Carnaval, la residencia de Tiempo Libre, la ciudad de la Justicia son proyectos que la Junta ha sido incapaz de sacar adelante. Resulta ridículo que Teófila y sus medios de cabecera tengan que inventarse algunos cuando existen tantos ejemplos reales.
El último caso palmario lo tenemos con la gestión del fallecimiento del drago. La falta de protección de un BIC pese a las denuncias muestra la dejadez que sólo pudo empeorarse por el desastre representado en la Delegada de Cultura. Saucedo hija primero negó la condición de BIC al drago, a la vez que aseguraba contar con informes y expertos canarios que atestiguaban un plazo de cuatro meses para trasplantar el centenario árbol. Nada de lo que dijo era cierto. Pero no pasa nada. Si en esta Andalucía tuviéramos el mínimo de exigencias sobre la capacidad de nuestros gobernantes Saucedo no seguiría ni un día más en su puesto, pero seguirá. Y nuestra Junta de Andalucía seguirá funcionando igual, aprobando normas que nunca se hacen realidad. Es lo que pasa cuando sustituyes el mérito por el carné del partido y la capacidad por ser hija de.
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