On air: De la vocación a la profesión

Ignacio Romaní en foto de Diario de Cádiz

Hace varias semanas que quería hablar de este tema. Es una de esas cuestiones que, si no fuera por las redes sociales, habría quedado silenciada bajo el control al que somete el Ayuntamiento a la información en la ciudad de Cádiz. Un concejal, Ignacio Romaní, se querelló contra un ciudadano, Pedro Pérez Rivera, por amenazas a causa de la intervención de este último en el Pleno Municipal. He esperado a dedicarle mi columna a que finalmente, el Juzgado le haya quitado la razón al concejal. Una historia que da la medida del personaje y la situación en la que vive aquel ciudadano de Cádiz que se atreva a quejarse. (Para más información recomiendo el grupo de Facebook Con el Ayuntamiento de Cádiz, no).

No tengo una concepción clasista de la política. En realidad no tengo una concepción clasista de casi nada. Pero de la política tampoco. Quiero decir que esa idea de que nos tienen que gobernar los mejores sólo me parece válida si con la expresión los mejores nos referimos a los que más dispuestos están a esforzarse por el bien común, sin tener relación con una aristocracia de títulos, sean universitarios o nobiliarios. 

En mi visión ideal de la política, los ciudadanos más capaces, cabales y dispuestos se dedicarían durante un tiempo a trabajar por el interés general y después volverían a su puesto de trabajo. Sería la política entendida como vocación y nadie podría censurar que un ministro haya sido electricista, un alcalde fuera tubero de Astilleros o un concejal portero de discoteca. Es más, si la política fuera una vocación, sería importante que en los cargos electos estuvieran personas de diferentes perspectivas profesionales y formativas que, al regresar a su puesto de trabajo, tendrían que dar cuentas a sus compañeros, a sus vecinos de lo que hicieron mientras estuvieron cobrando del erario público. 

El problema es que la política ya no es una vocación sino una profesión. No hay limitación de mandatos, ni impuesta legalmente ni aplicada éticamente por cada uno. La política se convierte en una suerte de carrera profesional para el enriquecimiento. Una de las pocas en la que no hace falta preparación ninguna, ni académica ni social. Si la gente se alarma de que un basurero cobre 2000 euros, a mi me alarma más que de mis impuestos alguien sin más méritos que ser capaz de adular a su mentora se lleve 4000 euros y además se sirva del poder político para medrar. Es una consecuencia de la profesionalización de la política y del sistema actual bipartidista de listas cerradas. 

Pensaba en esto cuando me enteré de que un concejal se querellaba contra un ciudadano particular a causa de unas manifestaciones realizadas en un Pleno. Me cuesta creer que un político vocacional hiciese algo así. Una querella de ese tipo sólo se le puede ocurrir a un profesional de la política implicando para ello, incluso a la Policía Local. En este caso, su mentora o su partido deberían haberle advertido que para dar un paso de ese tipo hay que estar muy seguro de ganar el juicio. De lo contrario la imagen de un concejal como acusador y otro como abogado, en los Juzgados contra un ciudadano particular que al final es declarado inocente deja en mal lugar el nombre del Ayuntamiento de Cádiz y hasta de la política. 

Pero claro, a ellos eso no les importa. Porque el bien común, el interés general, la imagen de la ciudad para un político profesional es una cuestión secundaria. Lo que les importa de verdad es su trabajo, su profesión. Y su única profesión es mantener su cargo y su sueldo de político.