jueves, 22 de noviembre de 2012

On air: ¿Jueces o matones?

Ruiz Gallardón, el ministro responsable
de la reforma. Foto: allegramag.com
Estoy indignado. La reforma de las tasas judiciales me parece un golpe al Estado de Derecho orquestado desde el Gobierno. No creo que sea cuestión de mi profesión, aunque también. Lo veo tan de cerca que, probablemente, puedo preocuparme más que la mayoría de la gente por un tema así. No obstante, considero que es un tema que debería preocupar a la totalidad de ciudadanos. O, al menos, al 99%. Por eso he aprovechado mi columna de esta semana en Hoy por Hoy Cádiz para exponer mi malestar por esta reforma.


Un año en el Gobierno da para hacer muchas cosas. Se ha demostrado que no da para sacar a España de la crisis. Aquí las versiones difieren. Para ellos, un año no es suficiente porque el abismo en el que nos metió Zapatero era tan grande que para salir se necesita tiempo, todo el tiempo del mundo. Para la calle, no salimos de la crisis porque el rumbo de la austeridad no conduce a la recuperación sino que agrava nuestra situación. 
Desde luego no será por medidas. Agenda reformista, la llaman ellos; recortes los llama la calle. En este año han diseñado y ejecutado una reforma laboral, otra educativa y otra sanitaria; han eliminado fondos para la investigación, las ayudas sociales y la dependencia; han proyectado un nuevo Código Penal, un aumento del IVA y del IRPF y una amnistía fiscal. Todo menos gravar las rentas más altas, suprimir privilegios políticos o mejorar la lucha contra el fraude fiscal. 
Sin embargo, de todo lo que ha hecho el Gobierno en este tiempo creo que la peor medida ha llegado precisamente el primer día del segundo año. La aprobación de la ley de tasas judiciales supone un atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce nuestra Constitución. Es difícil modificar una norma y que todos los afectados muestren su disconformidad. Es lo que ha ocurrido en este caso. Jueces, fiscales, abogados, usuarios; todos están en contra del tasazo judicial. En realidad, cualquier ciudadano debería mostrarse en contra. 
Sobran las razones cuando descendemos a los ejemplos. Recurrir contra una factura de telefonía injusta costará 300 euros, un divorcio en el que haya que repartir la casa, 900 euros, cobrar un pagaré sin fondos 200 euros. 
Con todo, quien más beneficiada sale es la Administración. Cualquier recurso judicial contra la Administración empieza por costar 200 euros. Si a usted le ponen una multa por 100 euros, recurrirla le costará 200. La realidad es que nadie recurrirá aunque lleve toda la razón del mundo. La duda es saber si la Administración ahora que se sabrá materialmente fuera de control de los jueces y tribunales será respetuosa con las normas o se incrementarán los abusos. 
Es probable que se acabe con el atasco judicial pero a costa de dejar de impartir Justicia. Es el triunfo absoluto del liberalismo. Si el Estado no va a proporcionar educación, sanidad, ni Justicia se acerca a su inutilidad y su desmantelamiento. Sólo quedarán los policías para controlar y dar palos en manifestaciones. Lo que no debe sorprendernos es que la gente comience a tomarse la justicia por su mano porque saldrá más barato mandar matones a cobrar una deuda que ir al Juzgado.

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