| Gallardón quiere que nos callemos. Foto: notitiacriminis.com |
La penosa situación de la economía española aupó a Mariano Rajoy al poder con el respaldo de once millones de votos. Nueve meses después de su llegada a La Moncloa, la economía no mejora, sino más bien al contrario. El paro ha crecido y ahora hay que pagar más por los medicamentos, el pan y hasta por morirse. Sin embargo, en este tiempo el Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta para orquestar una acción de retroceso en los derechos y garantías de nuestro sistema. Y no me refiero sólo a los derechos prestacionales como la sanidad o la educación cuya retroacción encuentra fundamento económico en las fallidas teorías neoliberales de la austeridad. También me refiero a esos derechos que no tienen valor económico pero que van siendo arrebatados poco a poco.
Ejemplos tenemos en la radio pública española suprimiendo programas de notable audiencia o en la televisión enchufando a la esposa de un ministro mientras que se prescinde de colaboradores más progresistas. Los anuncios en torno al aborto, la educación para la ciudadanía o los colegios que segregan entre niños y niñas nos conducen a una España que creíamos superada en nuestro proceso de acercamiento a Europa.
Un nuevo paso en este camino es el proyecto presentado por el ministro Gallardón para reforma del Código Penal. A falta de su aprobación en el Parlamento, el texto inicial resulta alarmante. Cadena perpetua revisable, custodia de seguridad,… reformas que poco tienen que ver con la realidad penal de nuestro país y sí con la alarma que crean determinados programas. Reformas para casos concretos, para dar respuesta a Bretón, Mari Luz o Marta del Castillo cuando nada le devolverá la vida a esos menores. Gallardón ha diseñado una reforma penal que responde mejor a las inquietudes de Ana Rosa o Espejo Público que a la de los Tribunales.
Muestra del alejamiento de la realidad es la ausencia de un replanteamiento de las penas en relación con los grandes defraudadores y demás delincuentes de cuello blanco. A pesar de los abusos que nos han conducido a la crisis, la reforma penal no afronta esta criminalidad.
Sí que afronta, en cambio, el fenómeno de la protesta ciudadana con un endurecimiento en su tratamiento penal. El PP sabe que su política de desmantelamiento del Estado del Bienestar supondrá contestación social y frente a ello planta el Código Penal como dique de contención. Tiempo antiguos que vuelven. Aunque siempre hay avanzados. Visionarios como el simpar Ignacio Romaní que mandó a la Policía Local a multar a los funcionarios municipales que protestaban. Lástima para el efervescente Teniente de Alcaldesa que no estuviera aprobado ya el Código Penal de Gallardón, porque los habría mandado al calabozo sin despeinarse.